Personería dará traslado de caso UNE – EXICOM a la Procuraduría

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Personería dará traslado de caso UNE – EXICOM a la Procuraduría

La personería de Medellín dará traslado a la Procuraduría General de la Nación para que inicie los procesos disciplinarios en contra de los funcionarios que incumplen el deber de ejercer las acciones de repetición por el pago que realizó UNE a favor de Exicom como producto de una cancelación de un contrato.

El anuncio fue hecho por el delegado de la Personería en la reunión de la comisión accidental que le hace seguimiento los procesos relacionados con la gestión de UNE, EPM telecomunicaciones y que coordina el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.

Según Guerra Hoyos el pago que debió realizar UNE a EXICOM fue de un total de $ 8.985.000.000, dentro de los cuales se incluyen las sumas a las que fue condenada la empresa en virtud del Laudo Arbitral, y un concepto que fue denominado “Ajuste de Monto Transigido” (intereses) por un valor de $ 1.430.305.742. Estos pagos se hicieron el pasado 23 de marzo.

El concejal expresó que con la iniciativa de reforma al Estatuto Tributario, que se tramita actualmente en el Conejo de Medellín, la administración espera recaudar en un año por concepto de impuestos la suma de ocho mil millones de pesos, lo que en la práctica equivale al pago que hizo Une Tigo por su desafortunada actuación en la terminación indebida de un contrato.

Guerra Hoyos señaló que el comité de conciliación de la empresa ha decidido no iniciar la acción de repetición con el argumento de que no encuentra dolo o culpa grave, según comunicación suscrita por el Gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, donde no se ofrece ningún argumento que justifique semejante conclusión.

En tal sentido, el corporado solicitó a los delegados de Une remitir una copia del acta de la reunión del Comité de Conciliación realizada el pasado 29 de junio para evaluar las razones expuestas para no iniciar las acciones de repetición.

Guerra Hoyos recordó que la condena se realizó por una indebida terminación de un contrato, que posteriormente fue entregado a un ex empleado de la compañía; razón por la cual es altamente viable señalar que la indebida terminación del contrato se realizó con dolo (es decir con conocimiento y voluntad de realizar la acción dañina para la empresa) o con culpa grave (es decir, un significativo descuido, ya que era muy previsible la consecuencia de dicha terminación del contrato).

La no interposición oportuna de la acción de repetición constituye falta disciplinaria, según la Ley 678 de 2001. Debido a que la entidad no la desea interponer, y que para ello no tiene justificación, es indispensable que se inicien procesos disciplinarios en contra de los funcionarios que se niegan a ejercer ese deber y prefirieren proteger el patrimonio de los ex funcionarios culpables, en vez del resarcimiento del patrimonio público.

Según documento del Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal de Telecomunicaciones del pasado 20 de septiembre, dirigido al Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, es indispensable que se inicie dicho proceso para que pueda resarcirse este monto con el patrimonio de quienes decidieron no pagar oportunamente la condena.


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